CIUDAD POLITICA ® ciencia política

Por Lilián FERRO [1]
Es significativo que los estudios de género se intensificaran a partir del retorno a la Democracia en nuestro país, tomando como centro de su atención la participación política de las mujeres y su rol en la democratización de las relaciones sociales.

No casualmente, se acepta que la “calidad” democrática se puede mensurar con los índices de equidad de género, inclusión de minorías y diversidad cultural en la construcción de "ciudadanía", con todas las discusiones que este concepto implica hoy en la Argentina y en el mundo.

El escenario académico de las Ciencias Sociales en general, y el de la Historiografía en forma fundacional, impulsaron la proliferación de estudios de género en nuestro país que promueven la posibilidad de una renovación historiográfica a partir del “género” como una categoría útil para el análisis histórico (Scott, 1988).

La multidisciplinariedad que caracteriza a los estudios de género y participación política, enriquecen el análisis histórico mientras que los estudios de caso y sus resultantes teóricos comparados pueden factibilizar los marcos teóricos generales dando cuenta de las especificidades sincrónicas y diacrónicas en una sociedad y un tiempo dados.

La gran producción de textos, los centros universitarios de investigación afines, los encuentros y jornadas regionales, nacionales y latinoamericanos, resultaron un terreno compartido de teoría de género y participación política construido esencialmente entre la década del sesenta y ochenta; siendo en esta última cuando los estudios de género se "legitiman" como especialidad y como categoría .Es preciso evitar el esencialismo y la generalización. Es necesario poner a prueba las posturas teóricas en contextos históricos situados.

Mujeres y participación política en Santa Fe.

El proceso de conquista de los derechos políticos de, y por las mujeres, abordado por los estudios de género y participación política, ameritan desarrollos teóricos que tomen en cuenta las culturas relacionales de las instituciones, así como su composición y estructura jerárquica, a lo largo de un tiempo periodificable.

Seleccionar como marco espacial a una “provincia” para estudiar un “tema de género” con enfoques teóricos innovadores, se justifica utilizando un recorte político sobre un espacio dado que se mantiene en el tiempo pero que de ninguna manera se pretende una realidad homogénea y uniforme.

La Provincia de Santa Fe es una unidad política que intenta contener en esa denominación, realidades regionales dispares y hasta contradictorias que cardinalmente podríamos denominar “Sur”, “Centro” y “Norte”. Estas regiones tienen particularidades materiales tan diferenciadas (geología ambiental, ecología, productividad, etc.) que han generado desarrollos desiguales en el plano económico, político y cultural y, por todo ello, una historicidad propia.

En común, poseen la realidad histórica de tener que relacionarse entre sí y situarse ante las desiguales relaciones de poder gubernamental, dentro de un marco provincial que las contiene.

Las culturas políticas de las provincias manifiestan generalidades correspondientes con el plano nacional, pero también particularidades y rasgos específicos; por esto las luchas de los movimientos de mujeres por su representación política y por su derecho a participar activamente en los ámbitos de decisión pública, son similares y particulares a la vez, de acuerdo al contexto temporal y espacial analizado.

En cuanto al objeto de investigación, las mujeres y la participación política, caben algunas aclaraciones. En primer lugar el tema podría analizarse desde el momento mismo de conformación del espacio político denominado “Provincia de Santa Fe”, lo que nos llevaría al Siglo XIX, pero es adecuado periodificar; marcar hitos temporales significativos para captar continuidades y rupturas en las formas de insertarse en la política formal y en sentido amplio, de las mujeres. Cada período histórico amerita una metodología, un marco teórico y técnicas de investigación específicas.

Situarse en tal o cual espacio disciplinar, además de demandar una reflexión sistematizada sobre el utillaje intelectual necesario para el/la investigador/a, implica también aceptar que el actual paradigma de investigación en Humanidades y Ciencias Sociales pasa por la interdisciplinariedad con los roces epistemológicos que tales prácticas conllevan. Por ejemplo, si nos situamos en la participación política de las mujeres en la Provincia de Santa Fe desde la emergencia del peronismo al presente, nos enmarcamos en la Historia Reciente e incorporaremos técnicas como la Historia Oral y categorías de la Historia Política así como también subdisciplinas de otras ciencias como la Ciencia Política, la Sociología Cultural y la Semiótica, entre muchas otras.

Por otra parte, la categoría participación política es asumida desde las definiciones epistemológicas de la Historia Política nacional renovada, en cuanto a que “participación política” es más que lo detectado en las estructuras tradicionales de acción y poder político formal como los partidos políticos y las instituciones gubernamentales administrativas y electivas. Si la acción política en última instancia es la decisión de transformar una realidad dada en un espacio concreto, se hace política en los espacios cotidianos, domésticos y públicos, grupales, profesionales, sociales; en definitiva donde dos o más personas se constituyen con un propósito común.

Actoras y actores políticos relevantes, para la selección de memoria colectiva, que es en definitiva la narrativa histórica, ya no son sólo los gobernantes, militares, clérigos o los “notables”, sino también aquellas y aquellos que se organizan en acciones colectivas y producen transformaciones sociales perdurables.

Aceptando esto último, cabe aclarar que la mirada investigadora puede centrarse en lideres sociales, empresarias, académicas, militantes feministas, de organizaciones de mujeres, sindicalistas, legisladoras, etc.

El caso de las legisladoras reviste particular interés porque de todas las expresiones de política formal, los cuerpos legislativos son un extracto de las culturas políticas de otros espacios ya que, en la secuencia partidos políticos, selección de candidatos/as, representación y relación ante el partido político, la estructura gubernamental y la ciudadanía, se pone en juego un abanico de variables desde donde analizar el comportamiento político de varones y mujeres, en múltiples escalas.

Coyuntura internacional, nacional y provincial en los '80

Los denominados "segundos movimientos feministas”, se evidenciaron en Latinoamérica en la década de los '80 del siglo XX en forma tardía y con similitudes y particularidades locales respecto de los movimientos feministas desarrollados en Europa y Estados Unidos[2].

Finalizaban en la región las Dictaduras Militares, se producían las transiciones hacia la democracia y las organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos eran protagonizadas por mujeres que reclamaban por sus hijos, como es el caso de las Madres de Plaza de Mayo en la Argentina. Estos movimientos se enmarcan en un contexto generalizado de profundización de la pobreza y la desigualdad en toda Latinoamérica.

Una teoría política muy aceptada, señala que después de las experiencias autoritarias de las Dictaduras Militares en la década del '70, se gestan en la década del '80 "democracias débiles”. Esta debilidad implica que los sistemas políticos no pueden enfrentar o negociar en igualdad de condiciones con la expansiva dinámica neoliberal, y sólo intentan sobrevivir en medio de los efectos sociales negativos que este nuevo orden mundial acarrea en la región. Dicho fenómeno responde a dos grandes factores:

1) El incremento de la pobreza y la desigualdad: Las democracias ochentistas latinoamericanas no resuelven exitosamente las demandas de bienestar de sus poblaciones, ni las recurrentes crisis económicas e institucionales.

2) La crisis en la credibilidad de los sistemas de representación y mediación política: Este fenómeno conlleva a ciudadanías de baja intensidad ya que “una ciudadanía efectiva no consiste sólo en votar sin coacción; es también un modo de relación entre los ciudadanos y el Estado, y de los ciudadanos entre sí”. (O´Donnell, 1997).

La frustración colectiva respecto de las capacidades de realización positiva de estas democracias, no implica que se busque otro sistema político sino que el malestar se direcciona hacia los elencos políticos coyunturales que las administran. Este es el contexto crítico donde van a construir su agenda política los llamados segundos movimientos feministas en América Latina.

Desde el momento de retorno a la Democracia, las argentinas se volcarán masivamente a afiliarse a los Partidos Políticos, siendo desde ese momento un poco más de la mitad de sus padrones aunque se tratase de una participación relativa.

La evidente discriminación de género; el apoyo político que significó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer CEDAW-ONU, celebrada en 1979 (con la consiguiente aceptación de sus medidas por los Estados Partes) y la oportunidad de incorporarse a la discusión pública en torno a los nuevos ejes de fortalecimiento democrático en el área, impulsan a los movimientos feministas latinoamericanos a reclamar reformas en las leyes electorales, que le aseguren elegibilidad y participación en los ámbitos decisorios del poder público.

Distintas investigaciones y acciones se desarrollaron en las décadas del '70 y '80 en ámbitos institucionales de Naciones Unidas, cuyas conclusiones son muy influyentes en el activismo feminista:

- la elegibilidad forma parte de los derechos políticos básicos vinculados a la participación y es en este indicador donde la desigualdad de género es más evidente.

- una exigua minoría de mujeres en el poder significa exclusión cívica, atenta contra el principio de representatividad y socava la legitimidad de las democracias.

-la necesaria conexión entre elegibilidad y condición de ciudadanía, ya que las mujeres representan la mitad de los talentos y las potencialidades humanas de cualquier sociedad. Al ser excluidas se produce un empobrecimiento de la vida pública y se inhibe el desarrollo de una sociedad justa.[3]

Los partidos políticos, protagonistas de la distribución y el acceso al poder público, no reconocieron rápidamente las demandas de estos movimientos. Aún hoy, muchos de ellos, en sus expresiones provinciales, se niegan a incorporar el sistema de cupo mínimo en sus cartas orgánicas.

Los '90

La década del '90 significó una profundización de la desigualdad entre los sexos. Las mujeres de las clases populares fueron las más perjudicadas por este modelo ya que aumentaron las horas de trabajo fuera de la casa, en forma simultánea con sus responsabilidades familiares y sociales, debido al retiro del Estado de las áreas sociales.

Sin embargo y paradójicamente, es en los inicios de la era neoliberal en la Argentina, cuando los movimientos de mujeres conquistan la Ley de Cuotas o de Cupo Femenino posicionando así a nuestro país como la primera nación latinoamericana en establecer en su régimen electoral, una medida de acción afirmativa.

La especificidad del caso argentino consiste en que las "cuotas" son prácticas efectivas en los cuerpos colegiados electivos; es decir, en el Parlamento y en las Legislaturas de las Provincias, que las implementaron como parte de sus regímenes electorales. Aunque en la actualidad hay proyectos presentados en el Congreso para incorporar el Cupo Femenino en la Corte Suprema de Justicia.

Nuestra Constitución Nacional, reformada en 1994, incorpora dichas “cuotas” taxativamente en el Artículo 37, Capítulo II, "Nuevos Derechos y Garantías", el cual señala en su último párrafo que "La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.”

La persistencia de prácticas culturales clasistas, racistas y sexistas que se manifiestan en los planos decisorios y en los canales de acceso al poder, son evidencias de democracias deficitarias.

Así como el género atraviesa transversalmente las categorías “sexo”, “raza” y “clase”, estructurantes situacionales de los sujetos, (¿ciudadanos?) en los sistemas sociales modernos, debe también ser incluido transversalmente en la discusión sobre lo que hoy significa ciudadanía y derechos en su sentido amplio; conceptos claves para la construcción del sistema democrático, en todas sus variantes.

Si bien nuestro sistema constitucional acentúa el papel de los partidos como mediadores entre la sociedad civil y el Estado, desde la década del '90 en adelante éstos fueron perdiendo legitimidad y representación de ese rol ante la sociedad (Sebreli, 2003).

Los problemas de corrupción, y el progresivo -y mutuo- alejamiento de los partidos políticos de sus bases sociales, le quitan su función mediadora para constituirse, en algunos casos, en meros engranajes estatales. Mientras su ambigüedad ideológica se acentúa, la rigidización de sus estructuras y funcionamiento lo encapsula en un paulatino distanciamiento de bases y representados.

En esta década de agudos cambios en la cultura política, se evidenció a nivel del sistema de partidos, la imposición de la lógica del partido-empresa que en vez de ofrecer programas de gestión política a la sociedad, la mercadea y le ofrece un menú electoral de consumo rápido. El diálogo partido político-sociedad se transforma en una puesta en escena, en una teatralización promovida a través de los medios de comunicación masivos, que alcanzarán en esa etapa un protagonismo inusitado en la historia nacional.

Los partidos políticos (como los sindicatos) son organizaciones que Lidia Heller clasifica como “primer grupo” por su mayor grado de inserción en el foco de los procesos históricos y cercanos a los conflictos sociales. De “segundo grupo” serían las empresas y universidades, entre otros, y de “tercer grupo” las escuelas, los hospitales, las instituciones benéficas y las organizaciones no-gubernamentales.

Es evidente que, a medida que se acentúa el poder decisional directo de las organizaciones sobre los destinos colectivos, resulta proporcionalmente dificultoso para las mujeres ocupar espacios jerárquicos en ellas, ya que: "las mujeres tienden a estar mejor representadas en los puestos menos importantes” (Bridenthal y Koonz, 1990).

Desde 1983 y en forma creciente, las mujeres se insertan masivamente en las organizaciones hasta llegar a ser mayoría en su composición por sexos; sin embargo lo hacen en los planos más elementales. En efecto, a medida que se asciende en la pirámide organizacional, rápidamente decrece la visibilidad de las mujeres hasta volverse anecdótica.

Los partidos políticos[4] argentinos siguen resistiendo incorporar al Cupo en las conducciones de sus estructuras internas (habrá que observar con atención la implementación de la nueva ley electoral en Santa Fe, en el 2005). En el plano gubernamental, sólo dos provincias[5] a la fecha avanzaron normativamente para asegurar la igualdad real; es decir, la paridad en sus sistemas electorales.

En suma, la década del neoliberalismo en nuestro país significó para las mujeres argentinas:

- En términos económicos: El retiro del Estado de áreas sociales y la precarización de las prestaciones básicas del Estado Mínimo tales como salud, educación y seguridad. Los costos sociales de esa ausencia estatal fueron asimilados por las mujeres, que al trabajo doméstico, reproductivo y productivo, debieron agregar el trabajo comunitario impago con el cual crearon una formidable red de contención social ante el empobrecimiento masivo y generalizado; proceso denominado “feminización de la pobreza”.

-En términos sociales: La inédita magnitud de concentración de la riqueza en un cada vez más estrecho sector de la población -el rentístico-financiero- causó el índice mas escandaloso de desocupación y pobreza que se expresó en nuevos movimientos sociales, compuestos mayoritariamente por mujeres pero no liderados por ellas, tales como los piqueteros, las organizaciones de defensa del consumidor, las redes de ONG’s, empresas recuperadas, la defensa de pequeños propietarias/os de tierras rurales, etc.

-En términos políticos: Crisis de representación e intermediación de partidos políticos, sindicatos, Iglesia Católica, poderes del Estado como el Judicial, etc.; es decir, de los grandes colectivos gregarios de doctrinas-mundo capaces de ofrecer una forma discursiva unívoca de transitar la realidad social.

Esa crisis política es, paradójicamente, otra coyuntura favorable para las demandas de género equitativas ya que las organizaciones más discutidas, debatidas y debilitadas en esta etapa, son las que mostraron mayor renuencia históricamente a incorporar la perspectiva de género en sus estructuras, niveles de decisión, acción y misión institucional y las que en sus prácticas excluyen con más fuerza las demandas de equidad de género.

De cuotas y cupos

En este sentido, "ciudadanía" está vinculada a la "autonomía" y esta última a los "derechos". La ciudadanía se expande o contrae cuando lo hacen los derechos, no vistos en su sentido nominal sino en sus prácticas efectivas, siempre en el marco de un régimen democrático y representativo,[6] al menos en su definición formal.

Las mujeres, siguiendo esta argumentación, son detentadoras de una ciudadanía restringida, mas afectada por las prácticas socioculturales que por lo normativo. Si bien las constituciones liberales, basadas en el principio de igualdad ante la ley, instituyen normativamente la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos sin más requisito que la idoneidad para asumir responsabilidades públicas, una simple mirada a la conformación de los elencos gubernativos permite afirmar que hasta los '90 las mujeres constituyen una minoría anecdótica en las estructuras estatales y partidarias, e infinitésimas proporcionalmente, en organizaciones sociales como, por ejemplo, los sindicatos.

En inversa proporción, las mujeres son mayoría poblacional, de padrones electorales, en incremento progresivo como fuerza económica, en las matrículas profesionales, en la escolaridad en todos los niveles, como militantes de partidos políticos, como cabezas de familia, en movimientos sociales, etc. Pero su masividad se concentra en los cargos de menor jerarquía y poder decisional.

¿Qué factores son responsables de ésta situación?. Culturales y Políticos determinándose mutuamente.

La realidad nos indica que las mujeres son un colectivo desaventajado en la participación equitativa en los espacios públicos de decisión, por ejemplo el de la política formal, y en la composición de las instituciones estatales; en ese sentido, la discriminación positiva es un "aventajamiento compensatorio” para lograr la equidad.

¿Cuáles son las desventajas del colectivo mujeres en el ejercicio pleno de sus derechos políticos?. Las que derivan de estereotipos culturales y sociales, por ejemplo; la exclusividad femenina o la mayor responsabilidad en el cuidado de los hijos y familiares a cargo; en las tareas domésticas en general; en la vida social familiar, etc.

Así la actividad política se traduciría en un "descuido" de esas funciones/identidad: madre y esposa. En la práctica las mujeres que actúan en política no opcionan funciones sino que las acumulan, distribuyéndose en todos los roles.

La valoración social negativa de la actividad política en general y de la participación de la mujer en ella en especial, es básicamente asumida como “cosa sucia” y por lo tanto como un lugar no propicio para una mujer que cuide su “imagen” o reputación. En este sentido, los horarios de la política entran en colisión con los horarios de la vida familiar: reuniones nocturnas, actividades que se prolongan hasta altas horas de la madrugada.[7]

Entre otros ejemplos, cabe mencionar el de los rasgos de personalidad atribuidos a las mujeres que en general, no se compadecen con la competitividad y agresividad que comporta necesariamente la construcción de poder: emotividad "versus” racionalidad, superficialidad "versus” comprensión de lo importante y necesario, etc. Esto se correspondería con una menor sociabilización de los saberes y las destrezas inherentes al juego político.

Otro factor importante de exclusión es la imprevisibilidad en la consecución de las carreras políticas, por lo que se vuelve un ámbito de resultados inseguros y riesgos seguros. La "pax doméstica" es una situación que cuesta poner en riesgo.

Estas son sólo algunas de las barreras objetivas que se oponen al ejercicio de la acción y representación política femenina, por lo que son necesarias las medidas de cupos/cuotas en las leyes electorales que generen correctivos normativos a la ciudadanía restringida de las mujeres, quienes pueden elegir pero encuentran muchas obstrucciones a la posibilidad de ser elegidas en una proporción que tenga correlato con su aporte demográfico, de afiliadas a partidos políticos y de composición mayoritaria de los padrones electorales.

Las leyes de acción afirmativa o positiva se operativizan en el sistema de cuotas y están basadas en el principio según el cual “una acción positiva, lejos de comprometer el principio de igualdad, constituye una parte esencial del programa para llevar a cabo este principio.”[8] La "igualdad", como principio político-filosófico está atravesada y tensionada por la desigualdad como práctica social, política y económica. Esa contradicción nos remite a la diferencia.

El colectivo "mujeres" no es un campo conceptual homogéneo. Está atravesado por múltiples diferencias: situación económica, posición social, pertenencia étnica, acceso a niveles educativos y culturales. Pero todos estos indicadores están impregnados por la desigualdad de género. Esa es una diferencia/desventaja inherente al colectivo "mujeres".

Si la discriminación positiva es la respuesta a una igualdad negativa para las mujeres, es porque en el pasaje de un estado al otro está implícita la diferencia. Pero asumir la diferencia "no rechaza la igualdad, sino que por el contrario aboga por una comprensión ampliada de la igualdad que puede simultáneamente respetar la diferencia” (Felski, 2001).

Como se señala anteriormente, en el ámbito internacional se propiciaron Pactos y Convenciones que impulsaban medidas antidiscriminatorias en el plano de los Derechos Políticos y protocolizaban controles en los seguimientos de las mismas, por parte de los Estados Suscribientes o Partes[9]. El más importante es la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (1979) suscripta por 20 países, entre ellos la Argentina[10].

De dicha Convención surgen las recomendaciones sobre la adopción de medidas de acción afirmativa o de discriminación positiva, como las leyes electorales de cuotas mínimas de mujeres, en tanto herramienta posible y consensuada para corregir la infrarepresentación femenina en los cargos del poder público hasta lograr la representación paritaria. En el Artículo 4º se recomienda “La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer, no se considerará discriminación en la forma definida por esta Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad y de trato.”

Las medidas de acción afirmativa, son diseñadas con la finalidad de equiparar sectores que, por razones sociales o culturales, no pueden competir en condiciones de igualdad en la distribución de recursos o posiciones (Archenti, 2000).

En este sentido, la Argentina sanciona en 1991[11] la "Ley de Cuotas" Nº 24.012 en donde establece que los partidos políticos deberán incluir un treinta por ciento -como mínimo- de mujeres en sus listas de candidatos, con posibilidades de ser electas, como condición para su reconocimiento en elecciones generales. Esta obligatoriedad no alcanza a la organización interna de los partidos políticos. Es el primer país latinoamericano en incorporar la "cuota" en sus leyes electorales:

"En los '90, la lucha por el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres se orientó hacia el proceso de toma de decisiones, en particular hacia los cargos de representación legislativa. La exclusión de las mujeres del proceso decisional que se traducía en un ejercicio incompleto de su ciudadanía fue considerado un déficit de la democracia” (Archenti, 2002).

En la Provincia de Santa Fe y como expresión de la "oleada" de incorporación de leyes de cuotas/cupos en los regímenes electorales provinciales, se aprueba en 1992 la Ley 10.802 o de Cupo Femenino en el mismo sentido que la norma nacional.

Entre las normas "neutras" (Constituciones, Leyes, etc.) y las prácticas limitantes, existe un universo social cuyo discurso legitima o cuestiona este status quo. Esto puede ser interpretado a partir del análisis de las representaciones sociales dominantes acerca del rol de la mujer en los espacios públicos/privados, históricamente construidas.

El género, la Historiografía y las mujeres políticas

La categoría de género orientó a las historiadoras feministas a reconstruir los relatos hegemónicos en la historiografía para desocultar la posición patriarcal que asumen los discursos cuando sólo hablan de los aportes de los varones a la Historia Política invisibilizando así a las mujeres o minimizándolas como actoras políticas.

Es sobre esa relación primaria y desigual, hombre-mujer, sobre la que se edifican todas las relaciones de poder social que se expresan en las instituciones políticas y también en el discurso historiográfico en nuestro país.

Estas interpelaciones a la misma Epistemología de la Historia por parte del feminismo académico, generaron un cambio en la construcción del saber histórico en todas sus especificidades, asumiendo que la acción humana de varones y mujeres en el tiempo es el objeto de la Historia y no relegando a las mujeres a la invisibilidad o en el mejor de los casos a “Estudios de la Familia”.

Es precisamente revirtiendo la invisibilidad de las luchas de las mujeres en la Argentina por sus derechos, incluidas en un análisis integral que posibilite un nuevo relato historiográfico con equidad de género, lo que aportaría comprensión para salvar debates prejuiciosos y clasistas que parten de falsas oposiciones: otorgado/ conquistado, cuando se analizan hitos históricos en la(s) lucha(s) de las mujeres por sus derechos.

Hoy, esos análisis advierten respecto a las prácticas de la cultura política, que tergiversan una ideal participación basada en la posibilidad de instalar temas propios de la agenda feminista, en el real posicionamiento de las mujeres en la negociación, acuerdos y decisiones en el diseño de políticas públicas; en la vida partidaria y en la construcción de una democracia que las incluya plenamente como ciudadanas.

Los enfoques culturalistas constituyen la vía de acceso a la comprensión de los elementos analíticos del género y su construcción histórica: imaginarios sociales, representaciones discursivas y sus prácticas legitimantes, que permiten abordar integralmente la dimensión simbólica; soporte y garante de la constitución y funcionamiento del poder formal.

Retomando de Spinoza la definición de poder como “la capacidad de afectar a otros en mayor medida o grado en que se es afectado”, y que el poder para su reproducción social necesita crear significaciones necesariamente compartidas en una sociedad; lo cual es también fundamento de su estabilidad, ese universo de significaciones compartidas constituye el imaginario colectivo donde se pueden encontrar los argumentos legitimantes de discursos que posibilitan la eficacia de las prácticas de discriminación de género.

Es esclarecedor abordar la estructura de la vida cotidiana de las mujeres en un recorte témporo-espacial determinado, ya que se explicitan a partir de allí, la división sexual del trabajo doméstico; la asignación/aceptación de valores sobre los intereses y actividades considerados “correctos”; las sanciones sutiles o expresas sobre los que son considerados “incorrectos” y las relaciones de poder manifiestas en las prácticas cotidianas de las mujeres.

El elemento más importante en la construcción del poder de las mujeres es la articulación (mutua) del accionar de las mujeres en espacios de poder político con los movimientos de mujeres que construyen poder social (Marx,1994). Sin esta complementación, el poder relativo de las mujeres insertas en lugares importantes de la política, se ve amenazado por el riesgo de ser cooptadas por la lógica de funcionamiento hegemónica masculina o de ser "arrinconadas" como expresión minoritaria.

La sub-representación política, las dificultades de generar alianzas estratégicas para imponer la problemática de las mujeres en las agendas de decisión, las dificultades crecientes en el ascenso de la pirámide jerárquica de las organizaciones, la incómoda relación de las mujeres con el poder, entre otros aspectos observables en el comportamiento político de las mujeres, reconoce una matriz histórica: la lucha de las mujeres por sus derechos políticos en el tiempo histórico y en distintos espacios sociales.

Es importante señalar los aportes que las académicas feministas hacen al socializar sus investigaciones de género, en un proceso de ida y vuelta por el cual recogen y visibilizan las experiencias y los aportes a la memoria colectiva, a la acción comunitaria, a la participación política, a la lucha por las significaciones culturales, al acceso equitativo al aparato productivo, a la organización del trabajo, a la lucha por los derechos humanos y para las humanas (Maffia,1994) y devuelven asimismo herramientas analíticas, modelos conceptuales, argumentos teóricos y una suerte de monitoreo del cumplimiento de metas en el espacio público.

Una deconstrucción semiótica de demandas, reclamos y consignas de lucha de los movimientos de mujeres a lo largo del tiempo, que vuelven al escenario confrontativo convertidas en herramientas cognitivas para pensarse en equivalencia, equipotencia y actuar en consecuencia.

[1] Licenciada en Historia (UNL) Becaria AECI en Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. España.

[2] Las diferencias con los movimientos desarrollados en Europa y Estados Unidos, consisten en que en sus manifestaciones mas generalizadas, las militantes feministas latinoamericanas pertenecieron a partidos de izquierda revolucionaria en los sesenta y setenta. Asimismo, es particular la coincidencia con la aparición de organizaciones de base femeninas en los sectores populares, el caso brasileño es el más llamativo en este sentido, con diversas demandas políticas y cotidianas. En cuanto a similitudes, la interrelación de la proliferación de estudios sobre la mujer y la militancia feminista y que el activismo feminista se nutrió de mujeres intelectuales de clase media.

[3] United Nations. Women in politics and decision-making in the Late Twentieth Century. Viena, Centro para el desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, 1992 citado en GARCIA PRINCE, Evangelina. op. cit

[4] Suecia fue el primer país que instrumentó el Cupo Femenino en 1972 en una organización partidaria con un 40% de representación en el Consejo Ejecutivo del Partido Liberal.

[5] Córdoba y Santiago del Estero.

[6]"Un régimen democrático representativo es un conjunto de reglas para la formación de las decisiones colectivas. Estas reglas definen a los actores principales del juego político (los partidos) y otorgan un lugar de privilegio a un cierto tipo de acción (las elecciones periódicas); en buenos principios, aquellos actores canalizan las demandas de la ciudadanía y estas elecciones periódicas deciden cuales de ellos llegarán al poder" en NUN, José (1987) “Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina" NUN y PORTANTIERO Comp. Buenos Aires, Editorial Puntosur, S.R.L.

[7] Al respecto Delia Rossia, Diputada Provincial M. C. por el Partido del Progreso Social, del primer recambio legislativo en que se aplicó el Cupo: 1995-1999, comentaba en entrevista con la autora que una de las medidas que reclamaron las mujeres electas fue que se cambiara la costumbre de sesionar desde las primeras horas de la noche, prolongándose en las madrugadas la labor, por el horario que aún se conserva de inicio de sesión a las 15 horas.

[8] El primer antecedente es en Estados Unidos: un Decreto Ley de 1968 prohíbe la concesión de contratos federales a los empresarios que ejercen cualquier discriminación respecto a la mujer e impone directrices concretas para asegurar la representatividad de las minorías en todos los puestos de trabajo y en todas las categorías de organización y de carrera. Cf. "Cuota mínima de participación de mujeres. Discusión y resoluciones del Partido Socialista Español”, Paraguay, Fundación Friedrich Ebert Editor, 1991.

[9] Antecedentes en la región: 1948. Bogotá. Convención Interamericana sobre concesión de Derechos Civiles y Políticos a la Mujer, 1969. San José de Costa Rica. Convención Interamericana de Derechos Humanos. De ambos la Argentina es Estado Parte.

[10] En 1985, en Argentina mediante la Ley Nacional Nº 23.179 se aprueba la Convención en carácter de Estado miembro, comprometiéndose a lograr por todos los medios adecuados, políticas de equiparación de la mujer.

[11] Esta medida se efectivizará en las elecciones de 1993, en ocasión de las elecciones para renovar parcialmente las Cámaras Legislativas en el Congreso.