
La expresión Modernización del Estado es sinónimo de reforma del Estado para la consolidación de la gobernabilidad democrática.
La gobernabilidad comprende el proceso a través del cual la autoridad se ejerce en una determinada comunidad política, incluyendo: (i) la forma mediante la cual los titulares de la autoridad son elegidos, controlados y reemplazados; (ii) los principios y normas bajo los que se ejercen las interacciones entre el Estado, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil en términos de competencias, responsabilidad y funciones; y, (iii) la capacidad de la autoridad para identificar necesidades, captar recursos, definir políticas y llevarlas a cabo. La gobernabilidad es democrática cuando incorpora una serie de requerimientos sobre cómo debe ejercerse la autoridad y en cuáles condiciones socioeconómicas se ejerce: en primer lugar, el requerimiento de la representatividad que establece la legitimación de la autoridad por la soberanía popular, mediante instituciones que garanticen elecciones libres; en segundo lugar, la existencia de mecanismos de limitación y división efectiva del poder, de exigencia de responsabilidades de las autoridades ante la ciudadanía, y de respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos; en tercer lugar, la limitación de la arbitrariedad, ya que la autoridad debe ejercerse con sometimiento pleno a la ley y al derecho, con eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos a las necesidades sociales y con transparencia e integridad en el comportamiento de sus agentes; y, finalmente, la gobernabilidad democrática requiere condiciones en que la vigencia de los principios de solidaridad y subsidiaridad permiten una relación consensual y eficiente entre los diferentes actores sociales en un contexto de cohesión social.